Desde julio, los juicios laborales se resolverán en un año.

La Legislatura aprobó la modificación de Código Procesal Laboral, para lograr reducir sustancialmente los litigios a los que se ven sometidos los trabajadores. La nueva ley establece un cambio de paradigma para agilizar los procesos.

Con el apoyo de todos los bloques y la abstención de la izquierda, la Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto de ley para modificar el Código Procesal Laboral de la Provincia, que tiene como objetivo reducir de manera sustancial los plazos en los juicios laborales. A partir de julio próximo, fecha en que la ley entrará en vigencia, un litigio que hoy demora aproximadamente cinco años, se podrá resolver en uno.

“Esto significa un gran beneficio para los trabajadores y sus familias, es sin duda una decisión política que hace a la justicia social, para que no haya abusos”, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, que estuvo presente en el recinto donde 56 legisladores votaron a favor de la ley y tres se abstuvieron.“Pero esto también es un beneficio para los empleadores, para que los conflictos laborales se resuelvan rápidamente y así lograr equilibrio en las relaciones de producción”

La reforma es uno de los cinco proyectos diseñados por el Poder Ejecutivo cuyo objetivo es agilizar los trámites judiciales y acercar el servicio de Justicia a la ciudadanía. Ya fueron aprobados la Mediación Prejudicial Obligatoria en causas civiles y comerciales y la Oralidad.

En el debate, legisladores de todos los bloques destacaron la “apertura y la búsqueda de consenso”en las propuestas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cartera encargada de diseñar los proyectos. Se trata de la primera reforma procesal profunda del fuero laboral en casi siete décadas.

“Hoy los nuevos tiempos exigen más celeridad, más respuestas para resolver las necesidades urgentes, alimentarias y vitales de los trabajadores que se ven obligados a litigar”, señaló Angulo, quien estuvo acompañado por Laura Echenique, secretaria de Justicia, Ignacio Villada, asesor del ministerio y el abogado laboralista y ex camarista, César Arese.

Actualmente las causas demoran cinco años, tiempo que se puede extender si llega al Tribunal Superior de Justicia. Para poder reducir los plazos en un juicio, la reforma se fundamenta en los principios de inmediatez, oralidad, concentración de procesos.

La ley establece “plazos fatales” para que los magistrados resuelvan en tiempos estipulados, por ejemplo, seis meses para producir la prueba, o 15 días para dictar sentencia.

En lo que significa todo un cambio de paradigma, establece la figura del “juez presente” con mayor protagonismo y cercanía con las partes en audiencias orales desde la primera instancia. De esa manera se busca, entre otras cosas, disminuir la carga probatoria que, muchas veces embarran el proceso.

Para poder afrontar el cambio, la ley establece la creación de ocho nuevos juzgados de Conciliación y Trabajo, cinco en capital y tres en el interior de la provincia.

La implementación será de manera gradual, mientras el Concejo de la Magistratura selecciona los jueces a cargo de los nuevos juzgados. “Mientras tanto -explicó Angulo- empezará con los juzgados ya existentes con algunas causales, por ejemplo demandas por despidos sin causa, la reinstalación de las condiciones laborales o indemnizaciones por muerte o incapacidad absoluta”.

La ley también incorpora procesos ágiles y abreviados, para juicios que no requieran un debate amplio; y la digitalización de proceso; entre otros.

Debate

El proyecto original presentado por el Ministerio de Justicia fue ampliamente debatido en comisiones y enriquecido con aportes de diferentes organizaciones que participaron de los debates. Ayer, en la anteúltima sesión legislativa del año, representantes de distintos signos políticos destacaron la apertura y el “espíritu” del proyecto que busca “mejorar el sistema y subsanar una demora injustificada”.