Ley Agroforestal: plantar más árboles de lo obligatorio tiene beneficios fiscales

La plataforma digital ya está disponible, es ágil y requiere simples pasos para presentar la documentación. Se espera implantar unas 100 mil hectáreas en 10 años.

Con la sanción de la Ley provincial 10.467, el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Córdoba puso en marcha un ambicioso Plan Agroforestal que prevé alcanzar en 10 años, la implantación de árboles en unas 100.000 hectáreas en toda la provincia.

Se trata de una política pública que en el mediano plazo ofrecerá múltiples beneficios para la provincia desde lo ambiental, el cuidado de los recursos naturales, lo paisajístico y lo turístico; pero además incluye una mirada productiva con acciones destinadas a promover actividades foresto Primer paso, primer plazo

Ya se encuentra activa y en funcionamiento la plataforma digital específica para el desarrollo de la iniciativa: ppa.cba.gov.ar.

El primer plazo que tiene el propietario del establecimiento vence a fines del presente año, límite para ingresar con su cuenta de Ciudadano Digital (CIDI), cargar sus números catastrales, informar la superficie actual con presencia de árboles, y visualizar el porcentaje exigido de la unidad productiva. También puede hacerlo una persona en representación del productor. Con el simple envío de la declaración jurada (DDJJ) a través de esa misma plataforma, ya se habrá cumplido este primer paso obligatorio.

Si la unidad productiva cumple con la proporción exigida (la propia plataforma digital le indicará ese dato), el propietario dará por concluido su compromiso con la ley. En caso de no alcanzar el porcentaje mínimo, a partir de 2019 también deberá presentar un plan forestal.

El índice requerido de forestación para cada unidad se tomará a partir de múltiples criterios, en una banda del 2 al 5 por ciento, y según los siguientes ítems: capacidad del uso del suelo; erosión eólica e hídrica; precipitaciones medias de la zona; y pendientes del terreno.

Al quinto año, se exigirá que el plan presentado se encuentre con un cumplimiento del 50 por ciento. También se dispondrá de un listado de especies invasoras para evitar que sean utilizadas por los productores.

En lotes agrícolas de baja productividad o degradados, la plantación de árboles logra muy buenos resultados. Con algunas especies, a partir de los ocho años ya se pueden obtener ganancias.  por ejemplo, pueden transformarse en usinas con árboles para transformar en madera y sumar una nueva vía de ingresos.

Menos impuestos

Además de detallar punto por punto cuáles son los pasos que deberá cumplir el propietario de cada campo a la hora de presentar su “proyecto agroforestal agregado” y quiénes están eximidos de hacerlo, uno de los aspectos principales es que fija los beneficios fiscales que tendrán “aquellos que voluntariamente decidan implantar un porcentaje mayor de especies al que obligatoriamente corresponda”.

seis meses después de que el Gobierno avale el plan de forestación, se podrá presentar una “propuesta de ampliación” de la masa de agregación arbórea.

Quienes reciban la aprobación para esto, “gozarán de un beneficio de reducción del Impuesto Inmobiliario Rural que les corresponda abonar anualmente por la superficie o parte de mayor superficie, destinada a la propuesta de ampliación”.

“Este beneficio se aplicará exclusivamente a quienes ejecuten ampliaciones cuya superficie sea superior a cinco hectáreas y será de un porcentaje igual al 50 por ciento del porcentaje que signifique la superficie de la ampliación respecto de la superficie exigida”, puntualiza la reglamentación. Y agrega que, en ningún caso, el beneficio fiscal podrá ser superior al 60 por ciento de lo que se abona por este impuesto.

Fuertes sanciones

Por ejemplo, quienes no presenten en tiempo y forma su plan de forestación, o quienes omitan u oculten información, o consignen datos inexactos de manera maliciosa, abonarán una multa equivalente a entre el 10 y el 30 por ciento del Inmobiliario Rural.

Si no cumplen con la cobertura vegetal arbórea establecida, en el plazo previsto; o si omiten mantener esa superficie cubierta obligatoria, las sanciones pueden trepar hasta entre 30 y 100 por ciento del mismo tributo.

Cómo se llegó a la ley

En septiembre de 2017, con un amplio consenso, se sancionó la Ley 10.467. La obligación de cumplimiento es para el propietario de la tierra. Comprende tanto a predios destinados a la producción agropecuaria como aquellos que desarrollan la actividad foresto industrial.

Las excepciones son de dos tipos: temporales para los predios que se encuentren alcanzados por la emergencia y/o desastre agropecuario; y permanente para campos con salinas y que se encuentren por encima de los 1.600 metros sobre el nivel del mar.

Las sanciones previstas en la ley determinan que el monto de la multa puede alcanzar hasta el 100 por ciento del impuesto inmobiliario rural del predio representado. La autoridad de control y fiscalización es el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La palabra de Marcos Blanda Secretario de Agricultura del Gobierno de Córdoba