En la mañana de Buen Día Ciudad, programa que se emite por FM 103.1 Radio Ciudad, el secretario de Fiscalía, Dr. Tomás Alvarado, se refirió a los recientes casos de mensajes con contenido violento detectados en instituciones educativas de Marcos Juárez, entre ellos el ocurrido en el IPEM 277, donde cuatro alumnas de 12 años fueron identificadas como autoras.

El funcionario explicó que, ante cualquier denuncia de este tipo, el accionar de la justicia es inmediato y se despliega todo el aparato investigativo, tanto judicial como policial. “Ante la noticia de un posible delito, comenzamos a trabajar sin saber si se trata de una broma o de un hecho que puede concretarse. Por eso se investiga con total seriedad”, indicó.

Según detalló, la investigación en el caso del IPEM  277 se inició a partir de la denuncia de autoridades del colegio, quienes detectaron una amenaza escrita dentro del establecimiento. En pocas horas, gracias al trabajo conjunto entre la Unidad Judicial, la Policía y la colaboración de la comunidad educativa, se logró identificar a las responsables.

Además, Alvarado confirmó que situaciones similares se están registrando en otros colegios del departamento Marcos Juárez, donde también se iniciaron actuaciones judiciales. Si bien evitó brindar mayores precisiones para no generar alarma ni incentivar la repetición de estos hechos, reconoció que se trata de una problemática en expansión que requiere atención y responsabilidad colectiva.

En ese marco, advirtió que muchas de estas conductas pueden estar influenciadas por la viralización de casos en redes sociales o incluso por desafíos que circulan en plataformas digitales. Por ello, insistió en el rol clave de las familias: “Es fundamental que los adultos hablemos con los chicos sobre estas conductas y sus consecuencias”.

El funcionario también explicó que, si bien las autoras son menores de edad y no punibles, la justicia puede adoptar distintas medidas, entre ellas intervenciones socioambientales y acciones enmarcadas en la justicia restaurativa.

 Esto incluye la posibilidad de que las familias asuman los costos generados por el operativo, en caso de comprobarse que se trató de una broma.

Asimismo, remarcó los riesgos que implican estas falsas amenazas, ya que movilizan recursos policiales y pueden dejar desprotegidas otras áreas de la ciudad. “Se pone en riesgo al personal y se descuidan zonas que requieren prevención real”, señaló.

Finalmente, Alvarado recordó que existe un protocolo del Ministerio de Educación que deben aplicar las instituciones ante estos casos, y reiteró el llamado a la prevención:

“Esto no es un juego. Más allá de la intervención judicial, la clave está en el acompañamiento, el diálogo y la responsabilidad de los adultos”.