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2025-07-16

La Comunidad Regional planteó la preocupación por la acumulación de vehículos secuestrados y en malas condiciones en las comisarías

 En la segunda parte de su entrevista en Buen Día Ciudad por FM 103.1, la presidenta de la Comunidad Regional y actual intendenta de Isla Verde, Patricia Del Soglio, abordó otra problemática vinculada a la saturación de vehículos secuestrados en los destacamentos policiales del departamento Marcos Juárez.

Del Soglio explicó que el depósito judicial central se encuentra en la localidad de General Roca, y que allí deberían derivarse todos los vehículos incautados por causas judiciales o accidentes, incluso aquellos ocurridos sobre la autopista. Sin embargo, ese predio se encuentra colapsado y en malas condiciones, lo que complica su funcionamiento.

“Estamos organizando un convenio para alambrar el perímetro del depósito, dotarlo de cámaras de seguridad, iluminación, una oficina y, lo más importante, una máquina compactadora que permita procesar los vehículos que ya no pueden utilizarse”, detalló la mandataria.

El proyecto busca ceder ese predio al Ministerio de Seguridad de la provincia, para que sea el organismo responsable de su administración y puesta en valor. En este sentido, mencionó que el intendente de General Roca, Franco Iser, y el funcionario del ministerio Ángel Lito” Bevilacqua, ya están trabajando en conjunto para avanzar con las mejoras.

La situación actual genera un fuerte impacto en las localidades: los autos secuestrados permanecen durante meses o años en los patios de las comisarías o en la vía pública, generando problemas de espacio, seguridad y contaminación visual.

“Hay vehículos acumulados en Marcos Juárez, Isla Verde, Corral de Bustos... están en los patios o en las calles. Es una imagen muy negativa. Algunos autos están en condiciones y podrían ser asignados a asociaciones civiles, pero otros están completamente destruidos y requieren compactación urgente”, explicó Del Soglio.

Por último, subrayó que la compactación de vehículos sólo puede realizarse con autorización judicial, lo que implica trámites prolongados. A pesar de ello, el objetivo es organizar y sistematizar el proceso para evitar que las comisarías sigan funcionando como depósitos improvisados.